A partir del 1 de enero de 2024, se extenderá la limitación especial para actualizar anualmente las rentas en contratos de alquiler residencial bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta restricción se ha estado aplicando desde fines de marzo de 2022. Durante los últimos 21 meses, en lugar de usar el Índice de Precios al Consumo (IPC) como referencia, se ha utilizado la variación del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), con un límite máximo del 2%. Con la nueva normativa, durante la renovación anual del alquiler, el propietario y el inquilino deben acordar cualquier aumento. Si no hay acuerdo, el incremento no puede exceder el 3%.

Específicamente, una sección de la Ley de Vivienda modifica una parte del Real Decreto-ley relacionado con las medidas urgentes tomadas como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Según esta modificación, los inquilinos de viviendas sujetas a la Ley 29/1994 pueden negociar con los arrendadores el incremento de renta durante la actualización anual, siguiendo ciertas condiciones. Si el arrendador es considerado un "gran tenedor" según la ley, el aumento pactado no puede superar el 3%. Si no hay acuerdo, el incremento queda limitado al mismo porcentaje. Si el arrendador no es un "gran tenedor", se aplican las mismas reglas.

Esta restricción en el aumento de las rentas se implementó inicialmente a fines de marzo de 2022, en respuesta a la inflación causada por la guerra en Ucrania. El gobierno tomó varias medidas, como reducir el IVA en facturas de luz y ofrecer descuentos en el transporte público. Hasta el 31 de diciembre de 2023, la actualización de rentas se basará en la variación anual del IGC, con un límite del 2%.

Expertos en el sector inmobiliario creen que esta regulación ha dañado al mercado de alquileres, afectando tanto a propietarios como a inquilinos. Esta medida de intervención en el mercado, junto con otras, ha reducido significativamente la oferta de alquiler residencial, perjudicando a muchos inquilinos.